Seis de cada diez trabajadores de la plantilla de la muy rentable empresa multiservicios del Estado, el Grupo Tragsa, tienen una relación laboral de carácter temporal. En la red de Paradores del Estado alrededor del 30% del personal de servicio tiene un contrato de duración determinada, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, y el porcentaje es similar en la mayor empresa pública del país, Correos, que tiene una plantilla de 48.000 trabajadores.

Así han venido operando durante años sin que ningún gobierno haya denunciado esta situación ante la opinión pública o haya hecho gran cosa para ponerle coto. Es más, en buena medida esta situación ha sido alentada desde los propios gobiernos, que a través

del Ministerio de Hacienda han vetado en los últimos años cualquier incremento de la parte estable de la plantilla de las empresas públicas (incluso de las rentables) como medida de contención del gasto público.

Tampoco hizo nada durante tres años por cambiar esta tendencia el Gobierno de Pedro Sánchez, que ahora sin embargo amenaza con dinamitar de dos plumazos este modelo de gestión de personal a través de la reforma laboral y la recién aprobada ley para estabilizar interinos y reducir la temporalidad del sector público.

«Vamos a tener una sobrecarga de trabajo administrativo muy importante en los próximos meses para adaptarnos», admite un directivo de una de las mayores empresas públicas del país, que también reconoce un cierto estado de ansiedad en el sector a este respecto. Fuentes sindicales de las tres grandes empresas públicas que copan el podio de la temporalidad – Tragsa, Correos y Paradores – señalan que el asunto ya se ha puesto sobre la mesa de los departamentos de recursos humanos de estas empresas en las reuniones que se han mantenido en las últimas semanas sin que se les haya precisado ni la estrategia ni la hoja de ruta a seguir.

Fuentes de Paradores y de Tragsa aseguran que de momento se está estudiando la nueva regulación a efectos de cumplirla de la mejor manera posible y en los plazos establecidos.

El adiós del contrato por obra y servicio

Tienen mucho que estudiar. La reforma laboral introduce, por ejemplo, una sobrecotización adicional de 26 euros por cada contrato con una duración inferior a 30 días que se dé de baja, una fórmula que, según el sindicato CSIF, está muy implantada en la política de gestión de personal de Paradores, que acostumbra a tirar de contratos de duración un mes, 15 días o incluso de menos de una semana para cubrir sus necesidades puntuales de personal.

Pero quizá la medida que tendrá mayor impacto en las empresas públicas será la desaparición del contrato por obra y servicio, la fórmula predilecta utilizada por los medios propios de la Administración – Tragsa, Ineco, Isdefe…– para cubrir las necesidades contingentes de personal que se les ponen de manifiesto cuando reciben un encargo de la Administración.

La reforma laboral permite dar carrete a los contratos por obra y servicio en vigor hasta agotar su duración máxima, de entre tres y cuatro años, pero impone para los nuevos contratos la restricción temporal de un año prevista para los nuevos contratos temporales o hacer fijos-discontinuos, mucho menos flexibles.

Las fuentes consultadas admiten que este cambio legal va a suponer un trastorno muy importante en la operativa de las empresas públicas que viven de prestar servicios a las administraciones públicas, ya que su carga de trabajo depende de manera crítica de los encargos que se les vayan haciendo, que dependen de una infinidad de factores. Muestran su alivio, no obstante, porque esas restricciones no se vayan a aplicar a los trabajos asociados al Plan de Recuperación.

Miles de futuros fijos

Las dos reformas recién aprobadas por el Gobierno les imponen, al menos sobre el papel, una serie de obligaciones extraordinariamente exigentes. La Ley de medidas para reducir la temporalidad en el sector público, que a última hora incluyó por imperativo parlamentario en su perímetro de actuación a todas las entidades del sector público empresarial, les insta a llevar la tasa de temporalidad al 8% y les obliga a estabilizar todas las plazas que hayan estado ocupadas de forma ininterrumpida por temporales los últimos cinco años.

Solo teniendo en cuenta a Correos, Tragsa y Paradores rebajar la temporalidad al 8% exigiría convertir en fijos a más de 20.000 trabajadores temporales. El Gobierno ha evitado instaurar por ley un máximo de temporalidad, pero las empresas públicas sí tendrán que abordar en los próximos meses un proceso extraordinario de consolidación de puestos de trabajo temporales para cumplir la disposición que exige fijar los puestos ocupados con temporales por más de cinco años.

Algunas de las empresas públicas más afectadas por los límites a la temporalidad ya han comenzado la labor de identificar los puestos de trabajo susceptibles de ensanchar el volumen de puestos fijos de su plantilla de cara a realizar una convocatoria extraordinaria antes del próximo mes de junio.

Lo que parece claro es que este proceso de estabilización será mucho más ambicioso que el que se acordara en 2018 y que a duras penas se ha desarrollado desde entonces. El Grupo Tragsa aún tiene pendiente la convocatoria del proceso de estabilización de 1.039 puestos de trabajo correspondientes a 2018 y 2019 – sobre un volumen total de temporales de 9.350 – y en Correos, aunque la empresa asegura haber incorporado 4.005 personas como personal laboral fijo en los últimos años, fuentes de UGT aclaran que en ese saco no sólo se meten los puestos nuevos sino también la reposición de los puestos de trabajo fijos que han dejado la empresa por jubilación por lo que no incrementa la tasa de estabilidad de la plantilla. En 2018 se había acordado que el número de plazas a convertir en fijas fuera de 11.200.

Fuente: abc