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Así quedan las pensiones en 2022 tras la revalorización con el IPC

El Consejo de Ministros da luz verde a la actualización de acuerdo con su vinculación a la inflación, tal y como recoge la reforma pactada con los agentes sociales

El Gobierno actualizará este martes en el Consejo de Ministros las pensiones para 2022, y lo hará subiéndolas un 2,5%. Esta cantidad responde al IPC medio comprendido entre los meses de diciembre de 2020 y noviembre de 2021, como así se acordó en la reforma de las pensiones. Sin embargo, este aumento no será el único que experimenten en 2022 los casi diez millones de jubilados con los que cuenta el sistema. Como medida de ajuste adicional también verán incrementadas sus nóminas en un 1,6%, ya que el 0,9% que decretó el Gobierno para 2021 se quedó muy lejos de la media final, por lo que, por última vez (puesto que a partir de este año la cuantía se ajustará sobre la base de los registros del año anterior) recibirán una paguilla durante el mes de enero que corrija esta diferencia. Para una pensión media de 1.127 euros, esta compensación será de 250.

Este año, la pensión mínima de jubilación para una persona con 65 años y un cónyuge a su cargo pasará a ser de 890 euros al mes en 14 pagas (12.467 euros al año); mientras que para quien no lo tenga será de 721 mensuales (10.103 al año). La pensión máxima, por su parte, será de 39.468,52 euros al año, y repartida por pagas ascenderá hasta los 2.819,18 euros al mes. Las pensiones mínimas y no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) también se incrementarán un 3%, según lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado de 2022.

Según ha confirmado este martes el Ministerio de Seguridad Social, a 1 de enero la nómina mensual de las prestaciones contributivas ascendió a 10.745,39 millones de euros. Un gasto que supone el 12% del producto interior bruto (PIB). De esos casi 11.000 millones, 7.758,14 han ido destinados al pago de las prestaciones por jubilación (72,2%), una cuantía que ha experimentado un aumento del 7,06% en los últimos 12 meses.

Durante un acto del PSOE en Gijón (Asturias) el pasado sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Ejecutivo destinará 6.500 millones de euros a “dignificar” las pensiones entre 2021 y este ejercicio para responder así a la posible pérdida de poder adquisitivo con relación al Índice de Precios de Consumo (IPC). Este cerró el pasado año en el 6,5%, la cifra más alta desde mayo de 1992, como consecuencia de la subida de los precios de la electricidad y los combustibles. La inflación media —el valor que hay que tener en cuenta para la actualización de rentas— escaló un 3,1% en el conjunto del año.

El pleno del Congreso aprobó el pasado 2 de diciembre la reforma de las pensiones, que contó con el beneplácito de los agentes sociales en su primera parte (derogación del factor de sostenibilidad, la utilización del IPC como referencia para mantener el poder adquisitivo de las prestaciones y la aprobación de medidas para retrasar las jubilaciones); pero no así en la segunda, cuando se acordó el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que suponía un aumento del 0,6% de las cotizaciones sociales, y que la patronal CEOE no secundó.

Tras obtener el respaldo de la Cámara, con 176 votos a favor, 148 votos en contra y 6 abstenciones, el Senado convalidó días después esta nueva norma con holgada mayoría (con 151 votos a favor, 108 en contra y 3 abstenciones), lo que dio pie a su entrada en vigor el 1 de enero de este año.

Otra de las patas principales de la reforma de pensiones es, junto con la vinculación al IPC, el diseño de incentivos económicos que permitan el alargamiento de las carreras profesionales. Para que esto ocurra el Gobierno ha diseñado un rango de bonificaciones por cada año extra que sume el trabajador a partir de haber alcanzado la edad legal de jubilación. Estos cheques ―que van en consonancia con el volumen de las pensiones obtenidas a partir de los años de cotización― van desde los 4.786,27 euros para los que tienen las pensiones más bajas, hasta los 12.060,12 para aquellos que han cotizado durante más de 44 años y medio y tienen derecho a una pensión máxima. De esta forma, se rompe con la limitación de la cuantía de la pensión máxima que se había establecido, y se permite que crezca en función del número de años en los que se aumente la trayectoria profesional.

Durante la tramitación parlamentaria, se incorporó también la equiparación de las parejas de hecho con los matrimonios en cuanto a las pensiones de viudedad.

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