El planeta Tierra se enfrenta a una emergencia climática debido al calentamiento global y a la contaminación por la actividad humana. Sin duda, los avances tecnológicos permiten introducir cambios en los procesos productivos y sistemas de transporte para hacerlos más respetuosos con la naturaleza. Pero los tributos también pueden ayudar en la lucha contra el cambio climático, es lo que se conoce como fiscalidad medioambiental.

La reciente ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular busca precisamente potenciar la correcta gestión de los residuos mediante su reutilización y reciclado y, así, evitar que estos terminen en el fondo del mar. Entre sus preceptos, destaca la creación del impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables que grava la fabricación de envases que contengan plásticos no reutilizables, cuyo objetivo es forzar el uso de otros materiales de envasado que sí sean reciclables. Y también ha creado el impuesto sobre el depósito e incineración de residuos en vertederos, para desincentivar otras opciones menos favorables para el medio ambiente como los vertidos ilegales.

Se trata de dos nuevos impuestos que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023, pero se espera que no sean los últimos. La mayor parte de los expertos y organismos económicos recomiendan avanzar en la tributación medioambiental con el doble objetivo de luchar contra el cambio climático y generar nuevas fuentes de ingresos públicos. Es difícil predecir cuales entrarán en vigor y cuando, y más teniendo en cuenta el actual contexto de crisis de consumo y alta inflación, dado que la introducción de nuevos tributos siempre conlleva un aumento de los costes que se acaban repercutiendo en los consumidores finales. A pesar de ello, la urgente necesidad de reducir las actividades y consumos contaminantes y cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional, obligan a buscar equilibrios entre las medidas para paliar los efectos de la difícil situación económica y las destinadas a solventar la crisis climática.

No obstante, a nadie se le escapa que el impacto real de la mayoría de los llamados tributos medioambientales sobre las actividades contaminantes no es tan evidente. Reducir el uso de combustibles fósiles o aumentar el consumo responsable vía fiscalidad, cuando no existen alternativas convierte a los contribuyentes afectados en cautivos de sus decisiones. El hecho de aumentar los costes (y precios) de productos y servicios contaminantes cuando los usuarios no pueden optar a otros, ya sea porque son inexistentes o mucho más caros, genera la percepción de que la fiscalidad medioambiental no está pensada realmente para ayudar a la lucha contra el cambio climático sino simplemente como una nueva vía para aumentar los ingresos públicos.

Pero, además de no lograr los objetivos para los que fueron creados, muchos de estos impuestos resultan regresivos, dado que refuerzan la idea de que no se paga por contaminar sino que se puede contaminar si se paga, expulsando del mercado a los ciudadanos con menos recursos. Si viajar en avión resulta más caro por los impuestos verdes, o tener un coche eléctrico no está al alcance de todos, es evidente que aquellos que no puedan permitírselo no podrán acceder a determinados bienes y servicios, acentuando la brecha entre “ricos y pobres” de nuestra sociedad.

Por todo ello, bienvenida sea la fiscalidad medioambiental, siempre y cuando sirva verdaderamente para luchar contra el cambio climático. Pero llamemos directamente fiscalidad para contaminar al resto ya que, mientras los obligados al pago no tengan alternativas que les permitan cambiar de forma fácil y rápida sus actividades contaminantes, sus efectos no se notarán en el medioambiente sino mayormente en los bolsillos de los contribuyentes y los de Hacienda.